Bienestar integral: la convivencia escolar que nadie está midiendo

Por Ramón Rubio Donoso · Consultor en Estrategia y Desarrollo Organizacional en FluYes

Hace más de una década que el sistema educativo chileno intenta resolver el problema de la convivencia escolar con la misma receta, y hace más de una década que esa receta no funciona. Más protocolos, más sumarios, más asesoría legal, más miedo a la Superintendencia. Directivos convertidos en administradores de riesgo y equipos de convivencia escolar transformados en oficinas de investigación sumaria.

Mientras tanto, los climas de inseguridad no bajan: la Superintendencia de Educación registró un aumento de 122% en denuncias entre 2015 y 2025 (de 7.705 a 17.076), con un 75% de ellas vinculadas a convivencia. El fenómeno golpea con especial fuerza a las regiones extra metropolitanas: Los Lagos lidera con un alza de 295%, seguida por Coquimbo (+273%) y Biobío-Ñuble (+204%), todas muy por encima del promedio nacional. No es un problema metropolitano que algún día llegará a las regiones, ya está instalado, y crece vertiginosamente

La ilusión del cumplimiento burocrático

Conversando con un par de decenas de directivos de establecimientos particulares, particulares subvencionados y municipales de nuestra zona, la conclusión es incómodamente uniforme: la convivencia escolar se tomó su agenda y está copada por trabajo administrativo, efectista y orientación a investigar, sancionar y documentar. Se cumple con la norma en su letra disciplinaria, pero se elude su espíritu participativo, aunque la misma legislación exige planes de gestión con participación activa de la comunidad educativa, no solo protocolos de sanción. Ese mandato normativo, sin embargo, sigue siendo la parte de la ley que menos se ejecuta.

El problema no es la disciplina ni el estado de derecho: las medidas claras y consistentes son insustituibles cuando hay una falta. El problema es haber puesto ahí el foco, dejando fuera lo que la evidencia internacional señala como la causa raíz de buena parte de las dificultades: la civilidad, la empatía, la confianza y la calidad de las relaciones interpersonales dentro de la comunidad educativa (Cohen et al., 2009; Wang y Degol, 2016; Chokri & Jarraya, 2024). La confianza y la empatía no son un gesto blando frente a la violencia escolar: son, según la evidencia, parte del mecanismo que la previene. No se sanciona el camino hacia una comunidad sana; se construye.

Nuevos marcos: Psicología Positiva y Enfoque Ecológico-Sistémico

Aquí es donde la psicología positiva ofrece un marco que los equipos directivos rara vez incorporan en su gestión. Martin Seligman planteó que el bienestar no se agota en la ausencia de malestar, sino que se compone de cinco elementos: Emoción positiva, compromiso o engagement, relaciones, sentido y logro (el modelo PERMA), que son perfectamente trasladables al diseño de una comunidad escolar. Mihaly Csikszentmihalyi, por su parte, mostró que el compromiso genuino con una tarea o  estado de flujo, surge cuando el desafío y la habilidad se equilibran, algo tan aplicable al aula como a un equipo de convivencia escolar que necesita sentirse protagonista, no bombero. Por otra parte Barbara Fredrickson, propone que las emociones positivas no son un adorno: amplían el repertorio de pensamiento y acción de las personas y construyen, en el tiempo, recursos psicológicos y sociales duraderos, exactamente el tipo de capital que una comunidad educativa necesita para sostener climas de convivencia saludables más allá de la coyuntura.

Ese bienestar, sin embargo, no ocurre en el vacío. Urie Bronfenbrenner nos recordó que el desarrollo se explica por la interacción entre múltiples sistemas anidados: la sala de clases, la familia, el establecimiento, la comunidad, la política pública. Un plan de convivencia que solo interviene el microsistema del aula, sin considerar el clima organizacional del establecimiento ni las tensiones del macrosistema regulatorio, está condenado a gestionar síntomas. La perspectiva ecológico-sistémica no es un adorno teórico: es la razón por la cual un protocolo aislado nunca reemplaza una estrategia articulada con todos los actores.

Un cambio de paradigma necesario

Combinar ambos marcos, el bienestar integral de la psicología positiva y la mirada ecológico-sistémica de Bronfenbrenner, no es una propuesta ingenua frente a la violencia escolar. Es, de hecho, la alternativa más razonable frente a un statu quo que ya demostró sus límites: una Superintendencia sobrepasada, equipos de convivencia agotados en tareas administrativas, y una cifra de denuncias que sigue creciendo pese a todo el aparataje punitivo desplegado.

Tomar un camino distinto exige coraje directivo. Lo sé porque me tocó experimentarlo tanto desde el mundo público como el privado, y sé que no es fácil dejar de hacer lo que siempre se ha hecho. Dejar de intentar resolver las brechas de la convivencia con asesoría legal y devolverla al centro de la gestión pedagógica, con planes estratégicos construidos con participación real de docentes, estudiantes, familias y asistentes de la educación, tal como la propia norma lo exige, supone un cambio de paradigma: abordar el fenómeno no como trámite, sino como método.

El cambio de paradigma exige coordinadores y equipos de convivencia escolar que puedan trabajar de manera proactiva sobre las causas (Civilidad, empatía, confianza, calidad relacional) y no solo de manera reactiva sobre las consecuencias, con el tiempo y el apoyo necesario para aquello. Fundamentalmente, este cambio demanda de la disposición a medir bienestar y no solo contar denuncias, porque lo que no se mide con una mirada distinta, se sigue gestionando con las mismas herramientas de siempre.

La pregunta que cada directivo debiera hacerse no es cuántos protocolos tiene su establecimiento, sino si su comunidad educativa se siente, efectivamente, mejor. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos ya tiene nombre en la literatura de la gestión: es la definición misma de la insensatez. Estamos en un momento crítico para que la convivencia escolar deje de ser un problema administrativo por resolver y se convierta en un proyecto de bienestar por construir.